Nunca antes el mundo había percibido con tanta claridad la magnitud de la concentración del poder presidencial en Estados Unidos como bajo la actual administración de Donald Trump. Lo que durante décadas pareció una exageración —esa noción del “imperialismo yanqui” usada como caricatura o consigna ideológica— hoy reaparece con fuerza y realismo. La discrecionalidad con la que Washington ejerce su influencia, no solo sobre sus adversarios, sino también sobre sus aliados y colaboradores, revela una política exterior que combina la coerción económica con el cálculo político, desdibujando las fronteras entre diplomacia y castigo.
La polarización política, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo, no debería entenderse en sí misma como un fenómeno negativo, pues en toda sociedad democrática son, justamente, el contraste entre ideas y la intensidad del debate signos de su vitalidad. El problema surge cuando el disenso se degrada en mentira, conspiración o delito; cuando la disputa deja de ser ideológica y se convierte en una lucha de anulación del otro. En ese punto, la polarización deja de fortalecer el sistema democrático y se transforma en un catalizador de la violencia, la cual puede revelarse en la palabra, en la negación de los otros y/o en la acción armada para resolver los anteriores.
En América Latina, esta tensión ha adquirido una expresión particular ya que el ascenso de gobiernos progresistas ha sido leído por sectores tradicionales como una amenaza, y bajo el pretexto de “reducir la polarización” se ha intentado deslegitimar el debate político; y detrás de este discurso se esconde, a menudo, el intento de restaurar privilegios históricos.
El recambio ideológico es algo atípico en nuestros países, golpeados por la desigualdad, la exclusión y la carencia de participación real y disfrute real de la democracia. Por tanto, en los sectores o familias que han tenido bajo su dominio el ejercicio del poder en naciones que se denominan democráticas, no debería ser algo problemático. Sin embargo, la evidencia es que el privilegio se reivindica por encima de los principios. Y en tal sentido, las formas van desenmascarando el fondo, y ante la imposibilidad de subvertir los logros del opositor, se intenta revertirlos por medios antidemocráticos o mediante la manipulación del miedo social.
El caso de Colombia es palmario en ese sentido; actualmente vivimos un momento inédito, pues por primera vez, un gobierno de corte progresista, encabezado por Gustavo Petro, encarna una ruptura simbólica y política en un país marcado por décadas de hegemonía de partidos y familias ancladas en el ejercicio del poder durante más de doscientos años de historia republicana. Esto, sin duda, ha sido un balde de agua fría para la política tradicional que, en el río revuelto de la desinformación y la manipulación, acuden a formas de deslegitimación del gobierno de turno o incluso aúpan la intervención de actores externos como camino desesperado para el ansiado retorno al poder ejecutivo.
En este contexto, la democracia colombiana se socava por varias vías: el cansancio social generado por los señalamientos, la desinformación, la grosería y la manipulación; la pérdida de calidad del debate en la civilidad, fortaleciendo, en cambio, el personalismo político por encima de las ideas. No es casualidad que en nuestro debate público, incluso en niveles como las intervenciones de precandidatos, lo que medie sean nombres en confrontación entre figuras tan disímiles como Álvaro Uribe y Petro, mientras en lugar secundario quedan las ideas y las propuestas. En este tipo de debate interno, el país también se ha visto envuelto en una dinámica internacional adversa, en la cual ha estado involucrada la acción de Estados Unidos y la gestión de sus intereses geopolíticos e ideológicos en la región.
Y es que la disputa global por la hegemonía entre Estados Unidos y China ha redefinido las formas de presión y sanción, convirtiendo en superfluos el multilateralismo y la diplomacia. Lo que empezó como una guerra comercial, se ha convertido en un instrumento de castigo y venganza, es decir, en una negación de lo político. La administración Trump, en particular, ha extendido sus mecanismos de coerción incluso hacia sus aliados, castigando a gobiernos progresistas y premiando a regímenes ideológicamente afines, sin reparar en su talante democrático o autoritario; parece que lo que importa es la afinidad con los intereses económicos y la correspondencia de entendimiento que se le da a temas que deberían basarse en consensos normativos como el cambio climático, el trato a la migración o los Derechos Humanos.
En ese contexto, Colombia enfrenta un doble desafío: resistir las presiones externas que buscan castigar posiciones o intervenciones soberanas —como las denuncias de Petro frente al genocidio en Gaza o las críticas a las políticas migratorias de Estados Unidos— y hacerlo sin que sectores internos contribuyan a legitimar medidas arbitrarias, como las amenazas de aranceles y sanciones, chantajes sobre los cuales se escoden intereses políticos de sectores políticos tradicionales.
Este uso discrecional de instrumentos económicos y judiciales con fines ideológicos erosiona las bases de la democracia, tanto en Estados Unidos como en los países sobre los que proyecta su poder. En última instancia, lo que está en juego no es solo la orientación ideológica de uno u otro gobierno, sino el principio mismo de soberanía y el sentido ético de la convivencia democrática.