Desde 2016 hasta hoy, el Perú ha tenido siete presidentes cuando, según el mandato constitucional, debió tener solo dos. El último cambio de gobierno —de Dina Boluarte a José Jerí, ocurrido en octubre de 2025— se concretó en poco más de siete horas, desde la presentación de la moción de censura hasta la destitución efectiva de Boluarte: un verdadero récord político.
La llegada de Jerí a la presidencia fue tan meteórica como controvertida. En 2021, cuando ingresó al Congreso, obtuvo poco más de 11,000 votos en un país de más de 33 millones de habitantes. Fue elegido por el partido Somos Perú, liderado por una exalcaldesa vacada por contratación indebida. En enero de 2025, Jerí fue denunciado por violación sexual —según informó El País—, aunque la denuncia fue archivada por un fiscal supremo. Su ascenso al poder se produjo tras haber asumido la presidencia del Congreso en julio de 2025. Con 38 años, juró como presidente de la República el 10 de octubre, convirtiéndose en el segundo mandatario más joven de la historia del Perú, respaldado por un grupo parlamentario de apenas diez integrantes.
La llegada y caída de Dina Boluarte, antes vicepresidenta, no fueron menos críticas. Su gobierno, iniciado en diciembre de 2022 —tras el fallido intento de golpe de Pedro Castillo—, comenzó en medio de una crisis sangrienta: cincuenta manifestantes murieron durante las protestas de los primeros meses de su gestión. A lo largo de su mandato, enfrentó denuncias periodísticas por el intercambio de joyas y relojes de lujo (el caso Rolex), intervenciones estéticas al rostro que la habrían alejado temporalmente del cargo sin los permisos correspondientes, errores en declaraciones oficiales, presunto encubrimiento de aliados políticos y, sobre todo, el agravamiento de la inseguridad ciudadana a causa de la extorsión y la expansión de las economías ilegales —particularmente las vinculadas al oro y la cocaína—. Su gabinete acumuló escándalos y su desaprobación alcanzó el 96% al momento de su destitución.
El contexto de su salida estuvo marcado por una ola de violencia inédita, con homicidios ligados a la extorsión, el sicariato y las economías ilegales, registrados por el Sinadef desde 2017. Los tres primeros trimestres de este año en curso han sido los más violentos de los últimos tiempos, con más de 500 asesinatos por trimestre, afectando principalmente a artistas, comerciantes, transportistas y poblaciones vulnerables. Días antes de su destitución, la banda de cumbia más popular del país, Agua Marina, fue atacada a balazos en pleno escenario, símbolo del deterioro de la seguridad pública, lo que hizo crecer las críticas a la gestión de la presidenta. Meses antes había sido asesinado un cantante de otro grupo de cumbia, mientras otros denunciaban múltiples amenazas. Asimismo, decenas de transportistas públicos fueron asesinados en los últimos meses mientras conducían sus vehículos.
La inestabilidad democrática del Perú tiene raíces profundas, pero la más visible es la fragilidad histórica de su sistema de partidos. La dinámica democrática requiere no solo reglas formales, sino también reglas informales aceptadas y respetadas por los actores políticos y sus organizaciones. La combinación de ambas debería actuar como dique y estabilizador del sistema; sin embargo, en el Perú esas barreras prácticamente no existen. Esta debilidad institucional también limita la capacidad de los partidos para formular y sostener propuestas orientadas a mejorar las políticas públicas del país.
El país carece de una estructura política estable: el Congreso —compuesto por 130 congresistas— pasó de nueve bancadas en 2021 a trece en 2024, y actualmente cuenta con doce. La dinámica parlamentaria es caótica: surgen y desaparecen grupos parlamentarios, a veces se fusionan, los congresistas migran a otros grupos y a veces regresan a sus filas de origen. La estabilidad parlamentaria en general es una ilusión, un problema que atraviesa tanto a la derecha como a la izquierda. Hoy, el Congreso está presidido por Fuerza Popular, con niveles de desaprobación que oscilan entre el 86% y el 89%, según las últimas encuestas. En este contexto tan débil no hay acuerdos políticos sólidos y programáticos ni entre los grupos parlamentarios ni entre estos y el ejecutivo; es una cuestión de apoyos coyunturales en torno a acuerdos puntuales. Es, en otros términos, un mercado político informal y volátil. Por ahora, ningún presidente tiene la seguridad de que se mantendrá en el poder ni el apoyo parlamentario sostenido, si es que tuviese, a su visión de país.
En cuanto a la producción normativa del Parlamento, resulta evidente que muchas de las leyes aprobadas están erosionando la capacidad del Estado para proveer servicios públicos. Solo en el ámbito fiscal, según el Consejo Fiscal —órgano consultivo oficial—desde 2021 el Congreso ha aprobado 229 leyes con impacto fiscal negativo, que representan una pérdida estimada de 35,000 millones de soles para el Estado. Lo mismo ocurre con las normas vinculadas a la seguridad ciudadana, la reforma del Estado y el fortalecimiento de la democracia. Hoy en día, los parlamentarios legislan principalmente en función de intereses particulares. Muchas de las normas que promueven buscan beneficiar a pequeños grupos de apoyo —como los mineros informales o determinados gremios comerciales—, con el objetivo de asegurar respaldo político.
La conexión entre los partidos y la sociedad tampoco es menos problemática. Las organizaciones partidarias se han reducido a estructuras pequeñas, sostenidas por liderazgos débiles y personalistas, principalmente localizados en Lima, la capital del país. Los más influyentes son Keiko Fujimori (Fuerza Popular), César Acuña (Alianza para el Progreso), José Luna Gálvez (Podemos Perú) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular). Este grupo de líderes constituye, en gran medida, lo que podría llamarse la élite política peruana. En el caso de la izquierda, pese a mantener ciertos vínculos sociales, no ha logrado consolidar liderazgos claros, en parte por la fragmentación interna y por el silenciamiento mediático de sus propuestas en los grandes medios tradicionales y digitales.
El panorama para los próximos años no es alentador. Tras 32 años de unicameralidad, el próximo Congreso volverá a ser bicameral, con 190 integrantes: 130 diputados y 60 senadores. Las elecciones presidenciales y congresales en primera vuelta se celebrarán en abril de 2026, y la segunda vuelta presidencial en junio. Hay 43 organizaciones políticas habilitadas, lo que implica potencialmente 43 candidatos presidenciales y más de 8,000 postulantes al Parlamento. Al parecer, en este contexto, la informalidad y la inestabilidad política continuarán, aunque ahora bajo un esquema bicameral, lo que podría complejizar aún más el escenario institucional del país.
Tal vez el único factor que impide que la crisis e inestabilidad política se agrave aún más sea que el modelo económico vigente —aunque no ha generado desarrollo social sostenido— ha mantenido cierta estabilidad macroeconómica, dinamismo comercial y flujos de ingresos por exportaciones de materias primas, lo que hace que la población sienta que “hay problemas, pero hay trabajo y para comer”. A ello se suma que, por ahora, el ciclo de protestas parece coyuntural y carente de liderazgos definidos. Se identifica que hay momentos de gran presión social que, sin embargo, se distienden rápidamente.
