El Salvador está en la mira del mundo después de las recientes decisiones que tomó la Asamblea Legislativa a finales de julio: reformas constitucionales que básicamente eliminan el balotaje, amplían el período presidencial a seis años y se anticipan las elecciones presidenciales en 2027 para que Nayib Bukele tenga la posibilidad de ejercer la presidencia hasta 2033. Además, la Asamblea Legislativa reformó la Constitución para permitir la reelección presidencial indefinida. Estos hechos no podrían catalogarse como la muerte de la democracia -como algunos gustan afirmar- porque ese régimen fue destruido entre el 9 de febrero de 2020, con la irrupción del presidente Bukele junto a militares en el pleno legislativo, y el 1 de mayo de 2021 cuando su partido político, Nuevas Ideas, inició el desmantelamiento de las reglas e instituciones que habían marcado el ejercicio del poder en el sistema político salvadoreño por treinta años al destituir de manera irregular a los magistrados de las sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República.
De igual forma, es importante destacar que las reformas constitucionales aprobadas a finales de julio ocurrieron unos meses después de la captura de defensores de derechos humanos y de la huida del país de periodistas críticos a la gestión gubernamental. Además, en mayo de 2025, se aprobó una Ley de Agentes Extranjeros[1] que afecta directamente el funcionamiento de organizaciones promotoras de la transparencia, rendición de cuentas y defensa de derechos humanos. En ese sentido, y con la mesa prácticamente limpia, lo que ha pasado estos últimos días en El Salvador es una consolidación autoritaria. Esta también se ha visto respaldada por la actual administración estadounidense, donde Bukele ha encontrado apoyo político.
Probablemente unos de los puntos más llamativos ha sido el vértigo con el que el régimen salvadoreño pasó de una endeble democracia electoral al autoritarismo. Si bien ese es un tema que requiere más indagación académica, hay algunos factores que nos podrían ofrecer un acercamiento, por ejemplo: el declive del esquema de partidos de la posguerra para dar paso a un partido hegemónico; el surgimiento de un proyecto personalista que busca no sólo arraigarse, sino perpetuarse en el sistema político; y particularmente, la cultura política autoritaria de la ciudadanía dispuesta a sacrificar derechos, libertades y el debido proceso para tener seguridad pública bajo un esquema de mano dura permanente. Esa combinación ha facilitado a Bukele concentrar poder en los órganos e instituciones del Estado, además de la implementación de políticas, reformas y medidas sin ningún tipo de contrapesos. Para muestra, la aprobación y renovación de un régimen de excepción que ya lleva más de tres años de vigencia; exenciones fiscales a grandes fortunas; y la aprobación de una ley que permite la explotación minera, a pesar de que este tema es impopular. Si bien en otros países todo eso tomó una década o un poco más para alcanzar tales objetivos, resultaría un error hacer una lectura lineal y asumir que todas las experiencias son iguales o que ocurrirán en los mismos lapsos temporales. Ahora la impredecibilidad es un rasgo de la política actual.
Como es conocido, un régimen político está configurado por reglas que definen cómo se ejerce el poder de las instituciones estatales, y quien controla tanto al hacedor como al intérprete de tales reglas puede mantener o cambiar el rumbo que toma no sólo el sistema político sino hasta la sociedad misma. Es evidente entonces que el control institucional a disposición de Bukele se materializa tanto en decisiones jurisdiccionales como en reformas a la legislación electoral y la Constitución que le facilitan su permanencia en la presidencia de la República el mayor tiempo posible. Sin pretender un repaso de las medidas, sí es oportuno mencionar aquellas que resultaron claves en
la instauración autocrática. Una de estas fue la resolución de septiembre de 2021 de la Sala de lo Constitucional (impuesta unos meses antes por la Asamblea) que habilitó a Bukele la posibilidad de buscar la reelección en 2024. [2]
Además, las reformas político-administrativas aprobadas en junio de 2023 que disminuyeron la cantidad de diputados y de concejos municipales, así como el cambio de la fórmula de distribución de votos en escaños pasando a una que afecta la representación proporcional de los partidos pequeños. Con esos cambios las condiciones resultaban más que favorables para el partido de gobierno de no perder
espacios a nivel departamental ni local. Luego, a finales de abril de 2024 la Asamblea aprueba reformar el inciso segundo del artículo 248 de la constitución salvadoreña en el que permitía que una misma legislatura con el voto de tres cuartas partes de los diputados electos pudiera reformarla. Esta modificación fue ratificada en enero de 2025 por la actual legislatura (2024-2027) y ya vigente fue utilizada casi siete meses
después para realizar los cambios en las reglas del acceso al poder expresados en las primeras líneas de este texto. Es decir, las reformas constitucionales del mes de julio son una pieza necesaria para garantizar la permanencia y la concentración de poder por parte de Bukele y sus aliados. [3] [4] [5]
En definitiva, esta breve descripción sobre la actualidad del régimen salvadoreño ofrece coincidencias con el análisis del politólogo italiano Leonardo Morlino quien, al referirse a los procesos de transición de la democracia al autoritarismo, señala que en la fase de consolidación los actores políticos de la coalición dominante se asientan porque han logrado destruir las estructuras y reglas del viejo régimen. Luego, la
coalición dominante crea nuevas reglas con el objetivo de expandirse en el tiempo y perfeccionar el dominio gubernamental sobre recursos que le permitan ejercer su poder sin dificultades . Por lo tanto, en El Salvador, el dominio gubernamental y el control de recursos por parte de la coalición dominante es amplio en contraste a las condiciones de los espacios y movimientos sociales que enfrentan un escenario adverso en su movilización e incidencia. [6]
Observatorio para la Democracia en América Latina
[1] Esta ley se registra en el Decreto N° 308 publicado en el Diario Oficial N° 100 del 30 de mayode 2025
[2] Para ver dicha resolución puede consultar en el siguiente enlace:
https://www.jurisprudencia.gob.sv/portal/apls/2021/09/1-2021PerdidaDerechosCiudadania.pdf
[3] Las reformas fueron aprobadas en dos decretos legislativos: El primero fue el N° 755 publicado en el Diario Oficial número 104 del 7 de
junio de 2023; y el segundo el N° 762 publicado en el Diario Oficial número 110 del 14 de junio de 2023.
[4]Esta reforma se registra en el Acuerdo de Reforma Constitucional número uno del 29 de abril de 2024 y publicado en Diario Oficial N°
79 de esa misma fecha.
[5]Esta reforma se registra en el decreto N° 197 publicado en el Diario Oficial número 20 del 29 de enero de 2025.
[6]Morlino, Leonardo (2009) Democracia y Democratizaciones. Centro de Investigaciones Sociológicas. Madrid.
Disponible en : https://issuu.com/home/docs/5o72t7y9y9i/share
