Observatorio para la Democracia en América Latina
El pasado domingo 28 de julio de este año se llevaron a cabo en Venezuela las primeras elecciones presidenciales con participación de las agrupaciones políticas y el candidato de la mayoría opositora desde 2013. En las elecciones presidenciales previas, en 2018, la mayoría de la oposición no participó en protesta por las condiciones electorales injustas y el desconocimiento sistemático del poder de la legislatura nacional por parte del Ejecutivo desde el triunfo opositor del 2015.
El gobierno de Nicolás Maduro y la oposición protagonizaron conflictos de mucha intensidad, con episodios repetidos de violencia y represión masiva durante toda una década. La política venezolana ha estado marcada por intensa polarización política desde 1999, pero a ello se sumó más recientemente una severa crisis humanitaria con altos niveles de criminalidad ordinaria y organizada, un muy grave deterioro de la economía como efecto de la caída sin precedentes de la capacidad de producción y exportación de petróleo, una muy prolongada hiperinflación acompañada por devaluaciones sucesivas del signo monetario hasta su virtual desaparición en la práctica, la reciente dolarización de facto de las transacciones comerciales junto al descalabro del salario y desaparición del ahorro y el crédito.
En ese marco de crisis compleja en lo económico, social y político, se efectuaron estas elecciones presidenciales, caracterizadas además por la existencia de un terreno desnivelado a favor del gobierno. La campaña electoral opositora estuvo plagada de irregularidades. Además del férreo control de las instituciones electorales y de administración de justicia, el gobierno ha criminalizado la disidencia política. En primer lugar, la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia prohibieron la candidatura de Machado, ganadora de las primarias opositoras del 2023, del segundo en esa contienda, Henrique Capriles, y de la profesora Corina Yoris, propuesta como sustituta de Machado. La Fiscalía General de la República ordenó durante la campaña acciones policiales y judiciales en contra de más de setenta dirigentes opositores, en ellos varios altos directivos del comando de campaña de la oposición mayoritaria, que se suman a los más de 200 activistas sociales y dirigentes políticos presos arbitrariamente, además de los muchos ciudadanos que han sido víctimas de tortura y tratos crueles e inhumanos y a los muchos otros que se encuentran fuera del país en situación de exiliados políticos.
Policías y militares impidieron sistemáticamente el libre tránsito de Machado durante la campaña. Las autoridades tributarias fueron usadas para imponer sanciones a los particulares que prestaron servicio a los líderes opositores, llegándose al extremo de imponer multas y cierres a muy pequeños negocios de hospedaje, muy modestas ventas de comida, servicios de transporte y de sonido, empleados por la oposición durante sus concentraciones. A la mencionada líder nunca se le permitió hacer uso de aeropuertos y puertos para abordar transporte aéreo o marítimo público o privado. Los vehículos en los que recorría el país fueron varias veces retenidos o dañados con la intención de impedir su asistencia a actos de campaña. Los medios de comunicación públicos y privados, en su mayoría controlados directamente por empresarios afines al gobierno, prácticamente no cubrieron la campaña opositora ni las acciones limitantes de la libertad política. El gobierno, por el contrario, hizo un amplio y notorio uso de medios de comunicación y recursos públicos para desplegar la campaña para la reelección del presidente Maduro.
Aun en condiciones tan adversas, la oposición se mantuvo en el camino electoral y pacífico durante toda la campaña y, al contrario de eventos electorales y políticos anteriores, las confrontaciones callejeras entre partidarios del gobierno y de la oposición ocurrieron solo aisladamente y sin consecuencias graves para los involucrados. El proceso electoral, con sus múltiples e inocultables inequidades y arbitrariedades por parte del gobierno, alimentó en votantes opositores las esperanzas de un cambio pacífico y electoral de gobierno.
No obstante, en la noche del día 28 de julio, la autoridad electoral anunció la reelección de Maduro, tras el cierre del proceso electoral que la oposición aduce que estuvo lleno de irregularidades. A muchos representantes del candidato opositor, incluso al más alto nivel como testigos ante la Junta Electoral Nacional del Consejo Nacional Electoral (CNE), les fue negado el acceso a los centros de votación especialmente durante el escrutinio y, en violación de la ley y sus reglamentos, no se les dio copia del acta de resultados. El CNE, aduciendo un ataque digital (hackeo) a sus servidores, no realizó la auditoria de los resultados ordenados por la ley. En el reporte de votos con el que fue anunciado la reelección del presidente la sumatoria de votos es superior al cien por ciento y se declaró ganador a Maduro, aunque el porcentaje de votos que faltaba por escrutar era superior a la diferencia de votos entre el primer y el segundo candidato más votados. En este contexto, la oposición sostiene que las irregularidades esconden un fraude electoral de grandes proporciones.
Pese a todo, las partes hasta ahora se mantienen en el plano del debate pacífico. Hacemos votos porque la paz siga reinando en Venezuela. Igualmente, a sabiendas de que hay riesgo de escaladas de violencia, protestas que puedan ser duramente reprimidas y profundización de la persecución política contra disidentes y sus dirigentes, hacemos un llamado a la comunidad democrática internacional, en especial a los gobiernos de América Latina, a los organismos internacionales, a las asociaciones de la sociedad civil y eclesiásticas, y a los académicos de la región para que pongan el mayor empeño posible para hacer que este disputado evento electoral no se transforme en un nuevo punto de inflexión negativa en la deriva autoritaria en Venezuela.
Con todas sus severas limitaciones y sus cuestionados resultados, la más reciente elección presidencial en Venezuela muestra que el voto sigue siendo un instrumento para presionar y lograr cambios y el dialogo, más necesario hoy que nunca, es el único camino para la paz.